Un estudio conjunto entre Ayuda en Acción y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), un organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), revela que en 19 comunidades garífunas y lencas de Honduras existen redes de mujeres, comités comunitarios, clubes de niños y prácticas ancestrales que generan entornos de protección y buen trato frente a la violencia. El informe documenta un fuerte capital social comunitario basado en la solidaridad, la cultura y la organización colectiva, y ofrece recomendaciones para fortalecer la articulación entre estos saberes locales y el sistema nacional de protección.
“La protección de la niñez no puede ser un privilegio ni una promesa: debe ser un compromiso cotidiano, territorializado y sostenido por todos y todas”, afirma María Julia Garcete Yegros, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN, OEA). Agregó también que: “Las comunidades no son respuestas marginales, sino dispositivos vivos de garantía de derechos”.
Por su parte, Jesús Pérez Marty, director de Ayuda en Acción Honduras, sostiene que “existe un capital sociocultural comunitario fuerte, construido sobre valores de solidaridad y prácticas ancestrales. Que este estudio sirva de brújula para una acción colectiva que construya un país donde la protección no sea un privilegio, sino un tejido vivo, culturalmente arraigado y sostenido por todos”.
Alcance y áreas de intervención del estudio
El estudio, cuyo título completo es “Estudio sobre mecanismos comunitarios de protección y buen trato a niñas, niños, adolescentes y mujeres por vulneraciones de violencia en las áreas de intervención de Ayuda en Acción (Honduras)”, se realizó en 19 comunidades de 8 municipios y 4 departamentos del país: Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Lempira. Participaron niñas, niños, adolescentes, madres, padres, líderes comunitarios, representantes de redes de mujeres, docentes, personal de salud y autoridades locales. El objetivo fue claro: identificar y visibilizar esas prácticas propias, como clubes infantiles, redes de mujeres, comités de protección, rutas escolares seguras, grupos culturales y deportivos, asambleas escolares y transmisión de saberes, heredadas generación tras generación, que los pueblos garífunas, lencas y mestizos utilizan para protegerse ante la violencia y promover el buen trato.
Principales hallazgos: fuerza comunitaria y resistencia
El hallazgo principal es contundente: existe un fuerte capital social comunitario basado en valores y tradiciones compartidas. “El sentido de lo comunitario como una fuerza de resistencia colectiva y solidaridad opera como auxilio entre familias ante situaciones de inseguridad, fragilidad social o vulnerabilidad económica”, destaca el informe. En ambos pueblos, y de manera más marcada en el caso garífuna, hay una fuerte identidad cultural que se transmite generacionalmente. Más allá de la lengua, la gastronomía o las celebraciones, existe una historia compartida en las maneras de cuidar y compartir los espacios, que se refleja, por ejemplo, en el respeto de los niños y niñas hacia las personas mayores y en el sentido de autoridad moral que proyectan los líderes y lideresas comunitarias.
Prácticas concretas que ya están funcionando
El estudio documenta prácticas concretas de protección y buen trato que ya están funcionando en los territorios mediante seis mecanismos independientes: los clubes comunitarios de cuidado —como el Club Garínagu en Atlántida, donde las familias adaptan sus propias casas para el refuerzo escolar y el juego de los niños en horarios no lectivos—; las redes locales de mujeres y cuidadores, los grupos culturales y deportivos juveniles, los comités comunitarios de protección, las jornadas de limpieza y reforestación, los espacios juveniles de liderazgo y vocería. El informe señala que todas estas iniciativas, junto a las prácticas culturales de transmisión de saberes e identidad, podrían ser replicadas y fortalecidas con el apoyo institucional adecuado.
Desafíos y recomendaciones para avanzar
Sin embargo, el estudio también identifica desafíos importantes. A pesar de la riqueza de los mecanismos comunitarios, persisten brechas en términos de accesibilidad, articulación institucional, sostenibilidad, enfoque intercultural, perspectiva de género y participación real de niñas, niños y adolescentes. Por eso, el informe propone una serie de recomendaciones concretas dirigidas a distintos actores: organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas, cooperación internacional y las propias comunidades.
Entre las recomendaciones más relevantes se encuentran: fortalecer las redes locales de salud, educación y mujeres, capacitando a sus líderes en rutas de atención para evitar la revictimización en casos de violencia; promover la crianza positiva sin castigo físico, usando la lengua y las tradiciones locales como herramientas de protección; garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan voz y voto real en las decisiones que les afectan; formalizar los comités comunitarios (personas elegidas para representar a la comunidad) con presupuesto y planes operativos claros; adaptar los protocolos de atención a la realidad intercultural, con servicios bilingües y mediadores culturales; y asegurar la confidencialidad y el acompañamiento emocional para las sobrevivientes de violencia.
